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Economía > 11-05-2012 > 00:00
MAX JIMÉNEZ BOTÍAS<BR/>BARCELONA

Arrecia el clamor para que España resuelva de forma definitiva su problema con la banca. La presión no viene solo de los mercados o de la poco empática prensa británica con los intereses de los países del sur. Son ya los socios europeos quienes exigen decisión y transparencia para que España resuelva los problemas de sus bancos. Pero los erráticos intentos del Gobierno por encontrar el bálsamo que devuelva la calma al sector financiero topa con los intereses de estas entidades que consideran excesivo el esfuerzo que se les quiere hacer pagar con las nuevas provisiones.
Los bancos intentan que el Ministerio de Economía rebaje sus pretensiones y como mal menor se apunta desde alguna de las entidades afectadas: «Pondremos las provisiones que hagan falta, pero, por lo menos, que sea la reforma definitiva del sector financiero». Desde otro banco se va algo más allá al apuntar que no se trata tanto del volumen de las nuevas provisiones que hay que realizar «que son muy elevadas», sino que el Gobierno no ha tenido «la sensibilidad» de consensuar con el sector la fórmula que se aplicará ni, sobre todo, el cómo: «Si se hace en un año o se permite hacer en dos, como en el último real decreto». O si se hace contra beneficios o contra capital. En todo caso, la mayor queja es que parece que se hace todo de forma improvisada. Con demasiada prisa o como parte de un proceso prueba-error del que no acaba de definirse una solución clara. «No entiendo cómo es posible que el Gobierno haya nacionalizado la cuarta entidad española y todavía nadie del Ejecutivo ha salido a explicar la operación», comentaba ayer un sorprendido banquero.
DOS PARTES / Así las cosas, el sector espera que hoy el Ministerio de Economía lleve al Consejo de Ministros solo una parte de la nueva (¿y última?) reforma, la que se refiere a las nuevas provisiones, mientras que se sigue trabajando en la elaboración de los bancos malos.
Además de la nacionalización de Bankia, el Ejecutivo dará cuenta hoy del decreto-ley en el que figuran las nuevas provisiones que se exigen a los bancos y que han provocado malestar entre las entidades, que han presionado para que sean lo más bajas posibles. Con todo, parece que finalmente se exigirá que cubran aproximadamente el 25% de los activos sanos relacionados con la actividad inmobiliaria. En el último decreto se exige el 7%. El nuevo saneamiento supone incrementar la cobertura del ladrillo en unos 18.000 millones, considerando que los últimos datos del Banco de España contabilizaba en diciembre del 2011 esos activos sanos en 139.000 millones, frente a los 184.000 millones tóxicos.
MÁS TIEMPO PARA PROVISIONAR / La banca reclama más tiempo que un año para cubrir esas provisiones, al menos dos. Y la razón es que en caso de aplicarse en un solo ejercicio las entidades acumularán pérdidas de 10.000 millones. Es más, se dice que solo cinco bancos podrán mantener a salvo su cuenta de resultados, el resto incurriría en pérdidas. El problema es que con las nuevas provisiones quiénes no cumplan los requisitos de capital exigido por la Autoridad Europea de Banca (EBA) tendrán que llevar sus activos al banco malo obligatoriamente.
Tanto el ladrillo que debe provisionarse como el ya provisionado tendrá que ser retrasado. Para ello, el Gobierno ha designado a dos sociedades independientes: Blackrock, compañía especializada en gestión de inversiones, y la consultora Oliver Wyman. Si esa valoración incluye una depreciación de los activos ya provisionados, las entidades deberán cubrir la diferencia.
RETASACIÓN / La revaloración implica cierto tiempo, razón por la cual, algunas fuentes insistieron ayer en que previsiblemente el Gobierno no aprobará aún los bancos malos. Eso sí, serán varias sociedades de las que podrán tomar participaciones entidades bancarias y gestores inmobiliarios. Según la previsión, el Estado emitirá deuda -los famosos contingentes convertibles (cocos)- a cambio de los activos, y los bancos tendrán cinco años para devolverlos, si efectivamente pueden después de vender los activos segregados. Se trata de una fórmula similar a la del FROB I.
Según fuentes financieras, Economía también dará cuenta del acuerdo con la banca para dotar el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), el instrumento para rescatar entidades con problemas. Tras una larga y ardua negociación, parece que los bancos aceptan adelantar ocho años al fondo, lo que la cifra total se acercaría a unos 18.000 millones de euros más. En total la banca debería levantar algo más de 35.000 millones, razón por la cual el sector financiero ha reiterado su malestar por el sacrificio excesivo que le reclama el Gobierno.